El Oro Blanco y el Bolsillo

El panorama económico de Jujuy de cara al 2026 que se avecina está marcado por una fuerte dualidad. Por un lado, la provincia consolida su perfil exportador a través del sector minero, especialmente el litio y la plata, que representan un porcentaje mayoritario de sus ventas al exterior. A esto se suma el impulso de las energías renovables y el turismo sostenible, con proyectos como el Tren Solar de la Quebrada. Sin embargo, este crecimiento coexiste con una delicada situación financiera, con reducción de fondos coparticipables nacionales y una deuda pública arrastrada que amenaza con ampliarse con la última habilitación de la Legislatura para contraer más deuda para obras de infraestructura.

En el ámbito social, la provincia enfrenta indicadores críticos de vulnerabilidad. Se estima que más del 50% de la población padece algún tipo de carencia multidimensional, afectando ingresos, vivienda o acceso a la salud. La inflación y la recesión han impactado profundamente en el poder adquisitivo, manteniendo altos niveles de pobreza monetaria. Esta realidad se traduce en un mercado laboral con una tasa de informalidad que supera el 40%, donde una gran parte de los trabajadores no cuenta con descuentos jubilatorios ni estabilidad plena.

El conflicto salarial es otro de los pilares de la crisis actual, con el sector docente a la cabeza de las protestas. Durante el 2025, se han registrado paros recurrentes y movilizaciones en reclamo de sueldos que, en muchos casos, no logran cubrir la canasta básica. Los gremios vienen denunciando que una parte significativa de los haberes se compone de sumas no remunerativas, lo que "achata" la pirámide salarial y precariza la situación de los trabajadores con más antigüedad, generando un clima de constante tensión entre los sindicatos y el gobierno provincial. Mientras tanto, cada cual pelea por lo suyo: judiciales protestan para ser incluidos en el Bono de fin de año, mientras trabajadores despedidos de Ledesma acampan para visibilizar su situación.

Finalmente, la cuestión territorial y los recursos naturales continúan siendo un foco de conflicto social. Las comunidades indígenas mantienen sus reclamos por la falta de consulta previa y participación efectiva en los proyectos de extracción de litio, advirtiendo sobre posibles daños ambientales y sociales en sus tierras ancestrales. El escenario de disputa por el territorio no logra ser erradicado, pese a las limitaciones a la protesta social de la última reforma constitucional.

Ante ese escenario complejo, el gobernador Carlos Sadir ensaya cambios para su gabinete. Algunos ya están confirmados, otros están por serlo y lo que abundan son los rumores, que señalan a uno y otro funcionario como chivo expiatorio por una nueva victoria libertaria en Jujuy. El gobernador cuenta con tiempo para revertir el panorama, atravesado por esa dualidad que da el récord en la minería y la erosión del tejido social.