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Desalojo

  • hace 3 días
  • 1 min de lectura

Balazos de goma, heridos y detenidos fue el saldo de un desalojo de comunidades originarias en la localidad de Humahuaca.


El operativo fue realizado por la policía de la Provincia, tras denuncias de usurpación por parte de una vecina de la comunidad originaria de Santa Rosa de Humahuaca. Según la versión de Yolanda Soruco, presidenta de la comunidad, todo se originó en un plano mal trazado por la Dirección de Inmuebles de Jujuy, que invade el territorio comunitario y no fue corregido.


¿Cuál fue la versión del Gobierno? Tirarle la pelota a la Justicia, encargada de dar la orden de desalojar. En un comunicado, señalan que “el procedimiento se realizó en estricto cumplimiento de la directiva librada por el Poder Judicial, ámbito en el cual la fuerza provincial actuó en calidad de auxiliar.”


Según destacaron desde la cartera conducida por Carlos Gil Urquiola, “la concreción de la medida demandó múltiples intentos de notificación e intervenciones previas, y su ejecución fue suspendida en dos oportunidades en los meses de abril y mayo del corriente año.” Paralelamente, sostienen que “el conflicto se encuentra vinculado a actuaciones judiciales que cuentan con sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia desde el año 2019”.


Más allá de las distintas versiones, el operativo policial fue en presencia de varios menores de edad e incluyó balazos de goma y gases lacrimógenos.



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